TC debería aclarar fallo sobre medios de comunicación, opina Velásquez

El Tribunal Constitucional (TC) debería aclarar su sentencia sobre la prohibición a los medios de comunicación para difundir conversaciones privadas obtenidas ilícitamente, para que no se entienda como una censura previa, dijo el congresista Javier Velásquez.

El ex presidente del Consejo de Ministro dijo que la posición del oficialismo en este tema es muy claro, un respeto irrestricto a la libertad de expresión, como lo ha demostrado en sus dos gobiernos; pero también una preocupación por la violación de la intimidad de las personas.

Refirió que el problema con este fallo, es que la parte que se refiere a los medios de comunicación no está vinculada con el fondo de la demanda, y en consecuencia, amerita una aclaración del tribunal, tal como sucedió, por ejemplo, con el fallo sobre el referéndum para la devolución de los aportes del ex Fonavi.

Velásquez dijo que cuando la interceptación contiene conversaciones que implican un delito, no hay duda que deben ser denunciadas; pero en el caso de que no lo sea, “a quién corresponde definir qué es de interés público”.

Mencionó el caso de las conversaciones interceptadas a la ex candidata a la Alcaldía de Lima, Lourdes Flores, que para Velásquez no cabe duda que “fue una herramienta contra ella en su campaña electoral”.

 

En declaraciones a Frecuencia Latina, el también ex titular del Congreso dijo que junto con la aclaración que debe hacer el TC, los medios también deberían proceder a la autorregulación, para no incurrir en excesos que viole la intimidad de las personas.

Posición del Partido Nacionalista

En el mismo programa, la congresista nacionalista Marisol Espinoza cuestionó el fallo, pues dijo que resulta iluso pensar que en el caso de los petroaudios, los procesados Alberto Quimper y Rómulo León, iban a dar autoridad para que se difunda estos audios, como manda el tribunal.

Reiteró que el fallo es un golpe a la lucha contra la corrupción, y que consagra la impunidad.

El fallo del tribunal dispone que los medios de comunicación no podrán difundir conversaciones obtenidas ilícitamente, salvo que tengan la autorización de los propios involucrados, o cuenten con el aval de un juez.