jueves, 20 de julio de 2017

CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL: RESTRINGEN REDENCIÓN DE PENA Y LIBERACIÓN CONDICIONAL

Los condenados por violación sexual de menor de edad ya no podrán solicitar el beneficio penitenciario de redención de la pena por el trabajo o la educación, ni el beneficio de semi-libertad o liberación condicional. Igualmente, los autores de otros tipos de violación sexual solo podrán acceder al beneficio de redención de pena en razón de un día de pena por seis días de labor o de estudio.

No podrá concederse el beneficio penitenciario de redención de la pena por el trabajo o la educación para aquellos internos que hayan cometido delitos de violación sexual de menor de edad, ya sea que el acto haya ocasionado o no la muerte o lesión grave de la víctima. 

Asimismo, un grupo de delitos en agravio de la libertad sexual y de la integridad de mujeres y menores de edad solo podrán acceder al beneficio de redención de pena por el trabajo o la educación en razón de un día de pena por seis días de labor o de estudio. Estos delitos son: lesiones graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (art. 121-B del Código Penal), violación sexual (art. 170), violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir (art. 171), violación de persona en incapacidad de resistencia (art. 172), violación de persona bajo autoridad o vigilancia (art. 174), actos contra el pudor en menores (art. 176-A) y violación seguida de muerte o lesión grave (art. 177).

Así lo establece la Ley que modifica el Código de Ejecución Penal para combatir la violencia familiar y la violencia de género, así como proteger los derechos de las mujeres, niñas y niños, y adolescentes, Ley N° 30609, publicada el  miércoles 19 de julio de 2017 en el diario oficial El Peruano

Igualmente la norma adiciona nuevos supuestos a la lista de delitos en los que no se puede obtener el beneficio penitenciario de semi-libertad o liberación condicional. Así, ahora ya no podrá darse dicho beneficio en los delitos de violación sexual (art. 170 del Código Penal), violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir (art. 171), violación de persona en incapacidad de resistencia (art. 172), violación sexual de menor de edad (art. 173) y violación de persona bajo autoridad o vigilancia (art. 174). Lo mismo para el caso de actos contra el pudor en menores (art. 176-A) y violación seguida de muerte o lesión grave (art. 177).

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miércoles, 19 de julio de 2017

¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre los requisitos de la prisión preventiva?

Por mandato del juez Richard Concepción Carhuancho, el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia cumplirán prisión preventiva por 18 meses. A propósito de la discusión sobre la legalidad de esta medida, en esta nota repasamos qué ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre los requisitos para la imposición de la prisión preventiva y, en particular, cómo se determina la existencia del peligro procesa.

Ollanta Humala y Nadine Heredia cumplirán prisión preventiva por 18 meses. Así lo ha dispuesto el juez Richard Concepción Carhuancho, al entender que existe peligro de fuga de ambos, como lo sustentó el fiscal Germán Juárez Atoche. ¿Es correcta esta decisión judicial? La respuesta tal vez podamos hallarla en lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional sobre los requisitos que deben presentarse para imponer válidamente esta medida.

Pues bien, la jurisprudencia constitucional respecto a la prisión preventiva como medida cautelar y los presupuestos que la justifican es abundante. Cabe destacar que el Tribunal Constitucional, al resolver demandas de hábeas corpus relacionadas con esta medida de coerción personal, siempre ha comenzado sus argumentos reiterando la importancia que tiene respetar el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

Así, el Colegiado ha explicado que el mandato de prisión preventiva y el de comparecencia, y las distintas modalidades y condiciones que legalmente pueden caracterizar su cumplimiento, son representativas de distintos grados de límites o restricciones sobre el derecho fundamental a la libertad personal, para asegurar la ejecución de una eventual sentencia condenatoria (cuando se dictan por estar de por medio cierto grado de presunción de peligro de fuga), o para adecuar “verdad jurídica declarada” a la “verdad fáctica preexistente”, cuando se dictan por existir cierto grado de presunción de riesgo de perturbación de la actividad probatoria (STC Exp. N. º 0024-2010-PI/TC).

Atendiendo a que están involucrados varios derechos fundamentales en el dictado de medidas como la prisión preventiva, el Tribunal Constitucional ha señalado que resulta necesaria la existencia de un margen relevante de independencia judicial en la valoración para alcanzar un equilibrio constitucional o adecuada ponderación en función del caso.

Respecto a los presupuestos exigidos por la legislación procesal penal para el dictado de la prisión preventiva, el Colegiado ha explicado que, en concordancia por lo previsto por el nuevo Código Procesal Penal, estos deben concurrir de forma conjunta para que esté justificada la imposición de esta medida de coerción personal (STC Exp. N.° 01951-2010-PHC/TC).

¿Qué ha dicho el TC sobre el peligro procesal?

Para el Tribunal Constitucional, el peligro procesal existe cuando el procesado en libertad puede tener injerencia en la alteración, el ocultamiento o la desaparición de medios probatorios, cuando puede influir en la conducta de las partes o peritos del caso o, de algún otro modo, pueda perturbar el resultado del proceso penal. En esos términos ha explicado el Tribunal Constitucional que debe entenderse el significado del peligro procesal cuando se analiza un pedido de prisión preventiva (STC Exp. N.° 01555-2012-PHC/TC).

Con mayor detalle, el Colegiado ha precisado que la existencia del peligro procesal se determina analizando una serie de circunstancias que pueden tener lugar antes o durante el desarrollo del proceso y que están ligadas, fundamentalmente, con los antecedentes del procesado, su situación profesional, el cargo que detenta, su situación familiar y social dentro de la comunidad con las actitudes y valores morales del procesado, su ocupación, sus bienes, sus vínculos familiares y todo otro factor que permita concluir que la libertad del inculpado, previa a la determinación de su eventual responsabilidad, pone en serio riesgo el correcto desenvolvimiento de la labor de investigación y la eficacia del proceso, además deben existir elementos que permitan prever que el imputado cometa actos que perturben la actividad probatoria (STC Exp. N.° 3629-2005-PHC/TC).

CORTE SUPREMA: RECLAMO SINDICAL NO JUSTIFICA ACTOS DE VIOLENCIA DE TRABAJADORES

La Corte Suprema ha establecido que los trabajadores podrán ser despedidos de forma justificada cuando incurran en actos de violencia durante una huelga. Estos hechos constituyen la comisión de una falta grave prevista en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

El ejercicio del derecho de huelga no justifica la realización de actos de violencia contra personas o cosas. Por ello, cuando los trabajadores incurran en dichos actos podrán ser sancionados por su empleador, inclusive con el despido.

Este criterio ha sido establecido en la Casación Laboral Nº 5333-2016-Loreto, publicada en el paquete de Casaciones del 30 de junio de 2017 del diario oficial El Peruano.

Veamos el caso: un trabajador interpuso demanda solicitando la nulidad de su despido por la causal de acto antisindical, en consecuencia, pidió ser repuesto a su cargo y el pago de las remuneraciones y beneficios sociales devengados, más intereses legales.

En primera instancia se declaró infundada la demanda por considerar que se encontraban acreditados los actos de violencia producidos durante el ejercicio de la huelga. En segunda instancia se revocó la apelada declarándose fundada la demanda, argumentándose que eran insuficientes los medios probatorios a través de las cuales se pretendió acreditar los actos de extrema violencia, grave indisciplina y toma de instalaciones del centro de trabajo, atribuidos al demandante; siendo por ello insuficiente vincularlo en la comisión de falta grave.

Al no estar conforme con dicha decisión, la empresa demandada interpuso recurso de casación, entre otros, por interpretación errónea del inciso a) del artículo 29 del  Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR.

Al resolver el caso, la Corte Suprema indicó que, si bien el mencionado dispositivo legal protege a los trabajadores para que no sean objeto de despido por su afiliación a un sindicato o por su participación en actividades sindicales, también es cierto que no ampara el ejercicio de la coacción sobre personas o la violencia sobre cosas, durante el ejercicio del derecho de huelga, que es una forma de actividad sindical. 

La Corte señaló, además, que este derecho se debe ejercer de una manera pacífica, respetando el derecho al trabajo de otros trabajadores, así como respetando la propiedad pública y privada. “En consecuencia, no protege contra el despido a los trabajadores, incluidos dirigentes sindicales, que hayan hecho uso de la coacción o violencia contra personas o cosas”, agregó la Suprema.

Ya analizando el caso en concreto, la Corte refirió que –de lo relatado en el parte policial– al demandante, que se encontraba con otros trabajadores encima de la mesa de trabajo, se le ordenó bajarse de esta; sin embargo este, en actitud desafiante, se negó a acatar este pedido. Asimismo, según el acta fiscal se les recomendó a los trabajadores efectuar la medida de forma pacífica. En ese sentido, de lo establecido en los referidos documentos, las cuales constituyen instrumentos públicos, la Corte determinó que el trabajador participó de la medida de fuerza y toma de instalaciones del centro de trabajo.

Por tales consideraciones, la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación interpuesto por la parte demandada.

Nota: esta es la segunda interpretación que la Suprema establece respecto al mismo inciso a) del citado artículo, pues ya anteriormente, en la Casación Nº 12816-2015-Lima, se estableció como precedente vinculante la forma correcta de interpretar dicho dispositivo.