El paro mantuvo semiparalizado por tres días al país centroamericano, pero no evitó que el presidente Mauricio Funes sancionara el jueves la Ley de Proscripción de Maras aprobada por el parlamento el 1º de septiembre pasado.
El gobierno salvadoreño también descartó cualquier tipo de diálogo con las pandillas, e incluso destituyó de una comisión gubernamental a un sacerdote católico que se había ofrecido como mediador y colaborado con las maras en la difusión del comunicado en el que demandaban un diálogo con el gobierno.
"No nos vamos a dejar chantajear, no nos vamos a dejar presionar", dijo sin embargo Funes.Con anterioridad, la Mara 18 y la Mara Salvatrucha habían hecho circular volantes ordenando a los transportistas dejar de circular a partir del martes o, de lo contrario, que "se atuvieran a las consecuencias".
"Seguimos con mano firme en la aplicación del plan de combate a la delincuencia que meses atrás dimos a conocer", anunció.
Para hacer frente a la amenaza de las pandillas, el gobierno ordenó el despliegue de unos 2.000 soldados y habilitó vehículos militares para movilizar la población.
Pero el presidente Funes advirtió que El Salvador necesitaba ayuda en su lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado.
"No es una lucha que podamos llevar a cabo los países solos, prefiero una estrategia regional", dijo.
"Para este combate necesitamos el apoyo de los Estados Unidos y se lo hemos solicitado", afirmó.
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