La transferencia de recursos a los gobiernos regionales, por concepto de canon, sobrecanon, participaciones y regalías, desde el año 2006 al 2011 y lo proyectado para el 2012, suman más de 16 mil millones de soles, lo que significa un incremento en 198%, debido básicamente a la mejora de la economía del país.
Así lo manifestó el director general del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña Namihas, durante su presentación en la Comisión de Fiscalización y Contraloría con el fin de informar sobre los montos transferidos para la ejecución de obras de inversión pública.
El funcionario del MEF consideró que para el 2012 el estimado de las transferencias consignadas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) podría incrementarse de acuerdo a los recursos que se reciba.
“Respecto a la transferencia a los gobiernos locales, en similar periodo, se ha incrementado en 216%”, agregó.
Acuña también detalló que el gobierno regional de Cajamarca ha recibido, en el periodo 2006-2012, 815 millones de soles y sus gobiernos locales recibieron más de 2 500 millones de soles.
Sobre el destino de los recursos transferidos, el funcionario dijo que de los 16 mil millones de soles que han recibido los gobiernos regionales casi 11 mil millones han sido destinados a la ejecución de gastos. Es decir –dijo- aún existe un saldo de 5 mil millones por gastarse
“En el caso de Cajamarca, ha utilizado más de 752 millones de soles, quedando un saldo por ejecutar de 140 millones de soles”, reveló el funcionario del MEF.
El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Martín Belaunde (SN), pidió que se informe a su grupo de trabajo sobre los costos para el Perú si es que no se concretan los proyectos mineros como Conga o Tía María.
Coincidió con esa preocupación el congresista Luis Iberico (APGC), quien dijo que la población debe conocer cuánto le costaría al país lo defendido por los movimientos antimineros.
Por su parte, la congresista Gladys Condori (NGP) pidió a los funcionarios del MEF apoyar a los gobiernos regionales y locales para acelerar la ejecución de proyectos de inversión pública.
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