La Comisión Permanente del Congreso de la República acordó el viernes 11 denunciar constitucionalmente al exministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza Ugarte, por supuestamente haber incumplido la aplicación de la Ley 19264, que disponía reestructurar la deuda agraria a favor de los productores agrícolas.
La decisión fue tomada con 11 votos a favor y 9 en contra, sin abstenciones, en la sesión ordinaria dirigida por su presidente, Daniel Abugattás Majluf, luego de desestimar el informe final elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que proponía archivar la denuncia Constitucional 53, presentada por un grupo de congresistas del período parlamentario 2006-2011, por presunta infracción a los artículos 103 y 109 de la Constitución Política y la supuesta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, ilícito previsto y sancionado en el artículo 377 del Código Penal.
El informe de archivamiento, sustentado por el congresista Fernando Andrade (AP), señalaba que el ministro se había visto impedido de aplicar la ley por falta de presupuesto, lo que fue subsanado mediante un decreto de urgencia dictado posteriormente.
Esos considerandos fueron objetados, inicialmente, por Daniel Abugattás, quien recordó que la misma ley proponía aplicar bonos del Tesoro Público, por lo que su no aplicación “fue un capricho” del ex titular del MEF.
A su vez, el congresista Javier Bedoya (APGC) afirmó que si el exministro no estaba de acuerdo con la norma pudo haberla observado, cosa que no ocurrió.
Tampoco prosperó un pedido del gobierno de entonces (2008) para que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la referida ley, ya que no logró el número de votos necesarios que se requería para ello.
El congresista Javier Velásquez (CP) refirió que Carranza Ugarte no cumplió con la aplicación de la ley porque la reestructuración de la deuda agraria no estaba programada y se trató de evitar un gasto al Estado en plena crisis financiera internacional. Dadas esas condiciones, añadió, se decidió esperar el momento propicio para aplicarla.
Tras un breve debate, la Comisión Permanente acordó delegar en los congresistas Teófilo Gamarra y Ana María Solórzano (NGP) la responsabilidad de elaborar un informe acusatorio para luego ser analizado en una próxima sesión de la Comisión Permanente a la que será citado el ex ministro denunciado o su representante.
De otro lado, la CP acordó investigar la denuncia constitucional formulada por Alipio Vásquez Hoyos, presidente de la Junta de Propietarios del Mercado Modelo de Chiclayo, contra el congresista Yehude Simon (APGC), por supuesta infracción a los artículos 96º; 102º, numeral 2; y 139º, numeral 2, de la Constitución Política y la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias tipificados en los artículos 376º y 400º del Código Penal.
Según el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se ha podido advertir la existencia de documentación que vincula al denunciado congresista con un presunto interés por intervenir en un proceso judicial directamente relacionado con la Junta de Propietarios del Mercado Modelo de Chiclayo, proceso en el que también es parte la Municipalidad Provincial de Chiclayo, la misma que habría presentado el Proyecto de Ley 529-2011 para expropiar los 38 establecimientos de los miembros de la Junta de Propietarios.
“De la revisión de la denuncia, y en atención a la documentación adjunta, se considera que, respecto a este extremo, amerita iniciar investigación a fin de esclarecer los hechos denunciados”, precisa el documento.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 89 inciso d), la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe dentro de siete días hábiles.
En su defensa, Simon Munaro objetó que se haya admitido la denuncia en su contra teniendo como prueba una persona que no estaba habilitada para presentarla y lo había hecho con documentos falsificados.
Así mismo, la Comisión aprobó los 17 informes de calificación emitidos por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, mediante los cuales se pronunció por la improcedencia de igual número de denuncias constitucionales contra diversas autoridades y funcionarios del Estado.
Igual suerte corrieron otros tres informes que disponían archivar las denuncias constitucionales presentadas contra cuatro ex legisladores, un fiscal supremo y un ex vocal supremo, respectivamente.
La sesión se inició a las 11:05 horas del viernes 11, y concluyó a la 1 y 35 de la tarde.
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