El presidente del Poder Judicial, César San Martín, garantizó hoy un juicio correcto y justo sobre la denuncia de presuntas ejecuciones extrajudiciales que se habrían cometido en el marco del la operación militar de rescate Chavín de Huántar, en 1997.
"Lo que sí garantizo en este proceso es su absoluta pulcritud, y todo el apoyo logístico, el apoyo de materiales que requiere un tribunal como éste, para llevar a cabo un juicio que sea considerado correcto y justo", subrayó.
Aseguró que el Poder Judicial trabajará para cumplir con esta responsabilidad y estimó que el proceso culminará a fines de mayo o principios de junio.
Asimismo, refirió que en el tribunal encargado ha realizado hasta el momento cerca de 35 sesiones, dos veces por semana, con un promedio de entre 4 y 6 horas diarias de trabajo.
Destacó, además, que se ha recogido la declaración de cerca de cuarenta de los más de 150 testigos.
"En el marco del proceso de Chavín de Huántar se ha reforzado el material logístico y sobretodo de personal para que el tribunal pueda cumplir su misión de impartir justicia con absoluta imparcialidad", subrayó tras señalar que jueces de reconocida competencia son los encargados de analizar este tema.
Según una denuncia, miembros del Servicio de Inteligencia Nacional ejecutaron a algunos integrantes del comando de MRTA que se habían rendido tras la operación de rescate Chavín de Huántar, realizada en abril de 1997.
El caso ha sido materia de polémica sobre todo tras la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de formular una denuncia contra el Estado peruano ante la Corte de San José.
Por otro lado, San Martín rechazó los cuestionamientos a determinadas decisiones jurisdiccionales, y descartó que proteja a jueces que infringen sus deberes judiciales.
"Yo no protejo a ningún juez que actúa incumpliendo un deber judicial, yo cautelo, porque es mi obligación como máxima autoridad del Poder Judicial, la independencia judicial, y cuido de que los jueces actúen responsablemente", puntualizó.
Asimismo, resaltó la capacidad de reacción del Poder Judicial para corregir la controvertida decisión de una jueza que ordenó la detención del estudiante Gastón Mansilla Yupanqui, quien mató a un ladrón en defensa propia.
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