El Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales planteó al Poder Ejecutivo la conformación de una comisión multisectorial a fin de estudiar y proponer lineamientos de política en relación al uso de armas de fuego de uso civil y de guerra.
En oficios enviados al presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis y al titular del Interior, Óscar Valdez Dancuart, Peláez Bardales propuso que el grupo de trabajo se conforme con representantes de la Policía, la DISCAMEC, el Poder Judicial, la Fiscalía y los ministerios de Justicia, Defensa, Economía Relaciones Exteriores y Comercio Exterior.
La Comisión tendría un plazo de 30 días para emitir un informe con recomendaciones que serán de cumplimiento obligatorio para los sectores involucrados.
El titular del Ministerio Público mencionó en sus misivas que este aporte forma parte de su contribución con las acciones que se deben desarrollar en materia de seguridad ciudadana y de la lucha contra la delincuencia.
Anotó que es necesaria la conformación de esta comisión por cuanto gran parte de los delitos violentos en nuestro país son cometidos utilizando armas de fuego.
“Resulta necesario se lleve a cabo un estudio al respecto, estructurándose una política pública eficaz en relación al uso y proliferación de dichos instrumentos de violencia”, anotó el Fiscal.
AMNISTÍA
Dicha propuesta es complementaria al proyecto de ley que presentó el Fiscal de la Nación ante el Congreso de la República que busca declarar una amnistía para el uso ilegal de armas de fuego de uso civil o de guerra, así como municiones, granadas o explosivos.
La norma tiene como objetivo disminuir de manera drástica la cantidad de armas de uso civil y/o de guerra, y, por consiguiente, reducir los hechos de violencia causados por el uso de los bienes en mención.
Como se recuerda, la propuesta establece un plazo de 60 días para que aquellas personas que no cuenten con licencia o autorización, entreguen las armas a las autoridades acreditadas.
Además ofrece una serie de garantías para las personas portadoras de estos bienes como el anonimato, una constancia de internamiento, el derecho a solicitar un notario o autoridad comunal que deje constancia de la entrega, la condonación de deudas que tuvieran pendientes ante la autoridad correspondiente y hasta un incentivo económico que será definido por el Ministerio del Interior y el MEF.
Cabe señalar que vencido los plazos las personas que no se acojan a la amnistía o mantengan estos bienes ilegalmente serán sancionadas administrativamente y denunciadas a nivel penal.
Finalmente, se propone modificar el artículo 279 de Código Penal para establecer un apena de uno a dos años de prisión, para aquellas personas que cuenten con licencias vencidas o caducas para portar armas, municiones o explosivos.
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