Gracias a las negociaciones realizadas el viernes último en Palacio de Gobierno, donde los presidentes regionales del país, liderados por el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Javier Alvarado Gonzáles del valle, y la presidenta del Consejo de Ministros, Dra. Rosario Fernández Figueroa, buscaron un acuerdo que permita resolver las secuelas del Decreto de Urgencia 012-2011, hoy por fin se publicaron las modificaciones aprobadas en aquella jornada de más de 7 horas que permitirán que las regiones sigan ejecutando obras y cumpliendo con los pagos de bienes y servicios.
Como se recuerda, la referida norma gubernamental imponía un tope de hasta 40% en el gasto del presupuesto de obras y 25% en el de bienes y servicios, lo que en la práctica significaba la paralización de las regiones.
Tras su publicación, tanto la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales –ANGR- como el Gobierno Regional de Lima, emitieron pronunciamientos públicos dirigidos al presidente de la República, Alan García Pérez, a fin de sensibilizar el tema.
El miércoles 06 de abril, el vicepresidente de la ANGR y presidente del Gobierno Regional de Lima, Javier Alvarado, se reunió en Palacio de Gobierno con la Dra. Susana Pinilla, Consejera del presidente de la República, para expresar la incomodidad y preocupación que existía en las regiones por la emisión del Decreto. Se pactó entonces una reunión entre los integrantes de la ANGR y la presidenta del Consejo de Ministros, Rosario Fernández, para el día jueves 07 a las 3 de la tarde.
En dicha reunión se suscribió el compromiso de modificar determinados artículos del Decreto de Urgencia, los mismos que fueron rubricados por el Presidente de la República, Alan García Pérez, y publicados en el diario oficial El Peruano.
El tenor de las modificaciones señala un tope en gastos de bienes y servicios de 60% de la programación de compromisos (el Decreto original señalaba un tope de 40%).
En cuanto al tema de gastos de capital, es decir a los proyectos de inversión pública, incluyendo los estudios de pre inversión para obras, el nuevo acuerdo suspende y deja sin efecto las disposiciones anteriores y más bien otorga facilidades a los Gobiernos Regionales a fin de cumplir con la programación al presente año fiscal.
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