Indicó que el Parlamento tiene que hacer “un esfuerzo” para que al terminar sus funciones en julio próximo, no quede pendiente la designación o ratificación de ningún alto funcionario.
Dijo que, debido a la recargada agenda del pleno del Parlamento, resulta casi imposible que éste tema sea tratado antes que concluya la legislatura.
“En los casos de la elección del Tribunal y el Defensor del Pueblo, debemos hacer un esfuerzo supremo para lograr esas designaciones”, puntualizó.
El legislador reconoció que existe el riesgo que estas designaciones no sean vistas por el actual Parlamento, dado que la próxima legislatura se iniciará en marzo en pleno proceso electoral.
Por ello, insistió en que mas allá de la condición de un Parlamento de salida, está el deber constitucional de nominar esas plazas.
Mencionó que en el caso del actual presidente del TC, Carlos Mesía, su mandato vence el 30 de junio del próximo año, y por su Ley Orgánica, el Tribunal debe pedir al Congreso que seleccione al reemplazo seis meses antes, es decir, en enero próximo.
“Entonces, en enero habrían dos vacantes, y deberemos consultar al Pleno si se realiza una nueva convocatoria o se procede por invitación”, anotó, al tiempo de señalar que esta última posibilidad “se viene abriendo espacio en el hemiciclo”.
Subrayó que en caso la representación nacional no acepte estas posibilidades, se tendrá que dar por terminadas las funciones de esta comisión, y elegir a un nuevo grupo de trabajo.
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