La ministra de Justicia, Rosario Fernández, expresó su confianza en reunirse mañana con el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, y la titular de la Fiscalía de la Nación, Gladys Echaiz, para coordinar acciones que permitan rebajar la carga procesal.
Al asumir por segunda vez el encargo de conducir el sector Justicia, manifestó que su reto en los diez meses restantes del gobierno de Alan García es colaborar para que esa carga judicial se reduzca sustantivamente.
“Creo que hay maneras efectivas, directas y rápidas para poder hacerlo. Y estoy segura que cuando así se lo plantee al presidente del Poder Judicial y la fiscal de la Nación, va a tener eco en esta propuesta (…) Espero que ahora podamos coordinar para ir mañana a hablar con ellos”, precisó.
En su calidad de abogada litigante, mencionó que conoce bien lo que ocurre en las ventanillas, despachos y procesos de notificación, por lo cual, consideró importante dar mayor celeridad a todos esos casos pendientes, sea cual fuere la materia.
Fernández sostuvo que no debe hablarse únicamente de algunos sectores beneficiados por esa celeridad porque la justicia es un servicio que el Estado debe dar de manera oportuna a todos los ciudadanos.
“Este Ministerio va a impulsar todo lo que sea necesario para colaborar a una descarga procesal pronta, en todas las materias: temas penales, civiles, de familia, de violencia familiar”, aseveró.
La titular de Justicia reconoció la autonomía del Poder Judicial y expresó su respeto por esa independencia.
“Pero eso no significa que yo no deba tener una preocupación positiva, sincera y proactiva por el tema, porque la ley orgánica señala que el Ministerio de Justicia es el nexo entre el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional”, indicó.
Según dijo, otra de las prioridades de su nueva gestión es mantener “la calidad de la producción jurídica” porque el ministro de Justicia es el abogado del Poder Ejecutivo por excelencia, y requiere cuidar las normas para lograr una gestión eficaz.
De igual manera, dijo que otra prioridad de su administración es trabajar el tema de los penales para lograr que los procesados logren sentencia condenatoria o absolutoria, y así descongestionar los centros penitenciarios.
“Allí tenemos un trabajo bastante bien avanzando, estimo que ha sido continuado por las dos anteriores gestiones que me antecedieron (de Aurelio Pastor y Víctor García Toma), y que no haré más que reforzar”, subrayó.
Finalmente, refirió que queda en manos de los jueces la aplicación “integrada” de todas las normas emitidas en torno al derogado Decreto Legislativo 1097, que adelantaba la vigencia de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal en caso de violaciones a derechos humanos.
Mencionó que el Poder Ejecutivo promovió el DL 1097, luego emitió una fe de erratas, y finalmente fue derogado, por tanto, “sus consecuencia ya no existen”.
“Los jueces tienen las herramientas para que de una manera integrada, que es un método de interpretación jurídica, puedan resolver las solicitudes. Esas tres normas permiten una labor integrada, y esa es labor de los jueces porque la Constitución les reserva a ellos de manera exclusiva y excluyente”, acotó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario