El secretario técnico de la Comisión Especial del Nuevo Código Procesal Penal, Rafael Donayre, afirmó que en 16 de los 29 distritos judiciales del país donde está vigente esta nueva normatividad los procesos son mucho más rápidos, transparentes y efectivos.
“Los procesos que antes duraban más de tres años y medio ahora se resuelven entre seis y ocho meses. En muchos casos en solo días, y las quejas contra magistrados no llegan al uno por ciento”, expresó el especialista.
El nuevo código, dijo, trae muchos beneficios para la ciudadanía, y por tanto, aseguró que es inexacto e impreciso decir que genera inseguridad ciudadana porque este problema se presenta, incluso desde antes de que se ponga en marcha la reforma de justicia penal.
Detalló que el nuevo Código Procesal Penal tampoco genera impunidad porque en todos los casos implica una condena y una sanción del delito.
Precisó que hay penas suspendidas que no se aplican a delitos graves como robo agravado, secuestros, extorsión y violaciones. “Todos los delitos graves terminan generalmente con una pena efectiva y eso quiere decir que los casos se sancionan más rápidamente”, puntualizó.
El funcionario del Ministerio de Justicia argumentó que el nuevo código también promueve el control ciudadano mediante las audiencias orales y públicas. “Más del 80 por ciento de los casos que llegan a juicio oral se resuelven con condenas”, precisó.
Otro de los beneficios es que permite que se puedan atender más casos. En los distritos judiciales donde está vigente la nueva norma aumentó la atención de un 43% a un promedio del 75% de los casos, “lo que permitido mayor descarga procesal y ahorro de recursos”.
“Los procesos son más sencillos y directos y se consagra los derechos y garantías establecidas en la Constitución Política del Perú”, apuntó al resaltar que también se fortalece el servicio de Defensa Pública para las personas de escasos recursos.
“El nuevo código no es responsable de la inseguridad y no implica impunidad del delito, es un código con resultados positivos que están detallados y procesados en resultados publicados en la página web del Ministerio de Justicia”.
Asimismo, destacó la calificación otorgada por Ciudadanos al Día como una de las Buenas Prácticas en Gestión Pública 2010 en las categorías de Simplificación de Trámites y Fiscalización y Cumplimiento de la Ley.
De acuerdo con el cronograma aprobado por Decreto Supremo, el nuevo Código Procesal Penal entraría en vigencia el año 2012 en Lima Metropolitana, que sería el último distrito judicial por ser la capital un área más grande, compleja y porque los esfuerzos de implementación también son mayores.
Donayre explicó que la nueva norma es muy exigente porque levanta la valla a todos los operadores del sistema de justicia: fiscales, jueces, abogados y la policía. “Cuando la norma está vigente hay que monitorearlo para perfeccionarlos”, expresó.
El Nuevo Código Procesal Penal está vigente desde el primero de julio del 2006 en 16 distritos judiciales de un total de 29.
Ellos son Huaura, La Libertad, Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Tumbes, Lambayeque, Cusco, Cañete, Ica, Madre de Dios, San Martín, Piura, Amazonas y Cajamarca.
Próximamente entrará en funcionamiento en Ancash, Santa, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Pasco y Huánuco.
En Chile, cuando entró en vigencia el nuevo Modelo Procesal Penal, este experimentó algunos cuestionamientos como suele pasar en todas las reformas. Por ello se formó una comisión de expertos que finalmente concluyó que “no es posible afirmar que el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal permita o de lugar a un aumento de la delincuencia”.
“Esa situación se ha vivido en otros países como parte del proceso de reforma, lo importantes es poder informar sobre bases estadísticas y resultados concretos”, finalizó.
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