La crisis evita que empeore la percepción de la corrupción

No hay mal que por bien no venga. El refrán puede explicar perfectamente los resultados del informe de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción en España. Una sensación que no había hecho sino crecer desde el 2004 y que se ha detenido de golpe en el último año. La explicación hay que buscarla, según los expertos, no en una virtuosa conversión de políticos y funcionarios sino en la crisis económica y, muy especialmente, en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

El informe anual de Transparencia Internacional mide la percepción de la corrupción en 178 países en base a una serie de informes y encuestas. En una escala de cero (máxima corrupción) a diez (mínima), España alcanza una puntuación de 6,1, la misma que en el 2009, aunque avanza dos puestos, del 32 del año pasado al 30 del presente. No obstante, sigue en la parte baja de los países de la UE. El ránking continúa encabezado por Dinamarca, Nueva Zelanda, Singapur, Finlandia y Suecia. Y lo cierran estados en situación de conflicto permanente: Somalia, Myanmar, Afganistán e Irak.

Solo 46 países logran el aprobado, en un contexto general de agravamiento mundial de la percepción de la corrupción. La razón que dan los expertos es, paradójicamente, la misma que sirve para explicar la situación española, es decir la crisis económica. Pero en el concierto internacional, la causa es la movilización de enormes recursos monetarios para rescatar a bancos en apuros. Se entiende así que entre los países que más han empeorado figuren algunos de los más desarrollados, como Estados Unidos e Italia.

Sin embargo, el estancamiento español se debe más a la crisis inmobiliaria. La vivienda ha sido durante años una extraordinaria fuente de ingresos para las administraciones municipales. La connivencia de muchos políticos locales, funcionarios y empresarios o promotores está en el origen de la mayoría de los casos de corrupción. Pero el pinchazo de la burbuja ha secado el río del dinero que engrasaba la máquina de los cohechos. La acción de la Justicia, que mantiene abiertas más de 700 causas por todo tipo de corruptelas en las que aparecen implicados más de un millar de cargos públicos, ha tenido un efecto disuasorio añadido de considerable importancia.